DECLARACIÓN PÚBLICA: TORTURAN A MENORES

En lo que va corrido del presente año 2012, hemos asistido, en la región metropolitana, a un total de 5 movilizaciones, 4 de ellas convocadas por estudiantes de Enseñanza Media, quienes reclaman su derecho a la continuidad de estudios y a la mantención de la matrícula en sus establecimientos educacionales desde donde han sido expulsados por haber participado en las movilizaciones del 2011, las que incluyeron la ocupación de los recintos educacionales. La mayoría de estas manifestaciones convocadas a través de las redes sociales, han permitido a los Observadores de Derechos Humanos constatar un notorio cambio en el comportamiento de la fuerza pública policial, caracterizado esencialmente en esta ocasión por un desproporcionado uso de la fuerza que se deja caer sobre quienes sólo intentan agruparse para realizar una manifestación.

Del mismo modo, los medios disuasivos destinados a velar por el orden público, son sencillamente usados para la suspensión absoluta de toda manifestación, antes que ella misma comience, sin mediar ni desorden, ni ocupación de calles, ni suspensión de tránsito, sino todo lo contrario, es la propia fuerza policial quien desvía el transporte público y ocupa las calles con su dotación policial, vehicular y animal.

También hemos podido observar que Carabineros de Chile se ha equipado con material anti disturbios, usando especialmente gases que han provocado la caída de las personas al inhalarlos, causando en algunos casos, como hemos podido observar, la pérdida de conciencia.

A nivel de los procedimientos de detención hemos podido tomar constancia que los niños y niñas, en su mayoría menores de edad han sido objeto de violaciones graves en sus derechos humanos. El respeto a su integridad física y psíquica ha sido gravemente dañada por personal policial quien en reiteradas ocasiones ha reproducido contra varios menores, prácticas de torturas que creíamos desterradas del país, lo que incluye golpes en diversas partes del cuerpo, ataques sexuales a niños y niñas, amenazas, submarino en la taza del wáter, transgrediendo abiertamente la Convención Internacional Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes y el Protocolo Facultativo de esta Convención; la Convención a los Derechos del Niño y la Niña, todos estos instrumentos ratificados por el Estado Chileno. También se ha transgredido la propia legislación nacional sobre los derechos y garantías de los detenidos y los derechos humanos fundamentales, declarados como parte insoslayables incluso por la Constitución vigente.

A la agresión física y psíquica, se agregan las reiteradas prácticas de no notificación a las familias de los menores detenidos en tiempo y forma, manteniéndolos en algunos casos privados de agua y de alimentos por largas horas, en medio de las altas temperaturas por todos conocidos. Se agrega a esto, la no publicación y comunicación del listado de personas detenidas; el traslado de detenidos a diversas unidades policiales, a centros médicos desconocidos con supuestos médicos sin identificación que examinan a menores: lamentablemente son prácticas que se están haciendo cotidianas en el accionar policial ante los últimos intentos de protesta social.

Todo ello configura a nuestro juicio un cambio en el accionar de la fuerza pública y un nuevo procedimiento policial, deducimos ordenado desde el mando, frente a las demandas sociales que se manifiesten públicamente, dejando entrever con estos métodos la puesta en funcionamiento de facto, de los objetivos considerados en el proyecto de ley que pretende reprimir las manifestaciones públicas, iniciativa legislativa que aún se encuentra en trámite en el Congreso nacional.

Ante este escenario que se ha venido a constituir y que nada bueno auspicia para el país llamamos a: A los parlamentarios de la república a no aprobar la ley actualmente en trámite que pretende reprimir las manifestaciones públicas y cuya lógica sólo busca la coerción de la libertad de expresión, restándole a la ciudadanía las garantías de sus derechos elementales. A los padres y madres de menores detenidos apoyar a sus hijos e hijas ante el posible daño sufrido en los vehículos policiales, comisarías y recintos policiales, buscando apoyo profesional que les permita mitigar las secuelas de la violencia que han padecido.

Llamamos a las redes de abogados de derechos humanos a interponer demandas ante los tribunales de justicia para denunciar e investigar estos graves hechos y solicitar reiteradamente la ampliación de la constatación de lesiones por el SML de acuerdo al Protocolo de Estambul, instrumento legal y legítimo presente en nuestra normativa. Llamamos a las organizaciones sociales movilizadas a instalar en sus instancias organizativas mecanismos de observación y resguardo de la integridad y derechos fundamentales de sus integrantes al momento de participar en movilizaciones. Exigimos al Gobierno de Chile a respetar los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en materia de Derechos Humanos.

Solicitamos a Carabineros de Chile explicar ante la ciudadanía, a quien debe proteger, qué tipo de gases, con cuánta concentración, en qué situaciones y por quien ha sido instruido su uso, qué órdenes existen para utilizarlos contra los manifestantes. Finalmente, exigimos y reafirmamos la erradicación de las prácticas de tortura contra los detenidos, respetando sus derechos y los procedimientos establecidos toda vez que, en tanto institución policial, sus integrantes son los primeros llamados a respetar la ley.

OBSERVADORES DE DERECHOS HUMANOS DE LA RED DE SITIOS DE MEMORIA Y ORGANIZACIONES DE DDHH Casa Memoria José Domingo Cañas – Comisión Ética Contra la Tortura – Londres 38, espacio de memorias Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi – Colectivo 119, familiares y compañeros.

observadoresddhh@hotmail.com ddhhchile.blogspot.com Twitter: @obsDDHHcl Facebook: observadores Ddhh Chile www.observadoresddhh.org Fono: 08-8274509 Santiago de Chile 11 de febrero de 2011 ****************************************************** http://notascect.wordpress.com/2012/02/11/declaracion-publica/

Des dirigeants de la Coordination Arauco Malleco, un groupe radical d'indiens , ont annoncé que le groupe est prêt à suivre «la voie de la confrontation» avec l'Etat pour récupérer leurs terres «ancestrales».

«Nous ne voulons pas négocier avec le gouvernement, nous voulons que soient restituées nos terres, et s'il le faut, nous y parviendrons par la voie de la confrontation», assure Ramon Llanquileo, dans une interview exclusive accordée à l'AFP dans sa prison d'Angol, à 700 km au sud de Santiago.

Ramon Llanquileo, 30 ans, a été condamné en 2011 à 8 ans de prison avec Jose Huenuche et Jonathan Huillical pour des violences commises en 2008, dont l'attaque du convoi d'un procureur.

Leur leader Hector Llaitul s'était vu infliger une peine de 14 ans. Le quatuor avait toutefois été relaxé du chef d'inculpation de «terrorisme». Le trio, qui avait obtenu en 2011 une réduction de peine en appel après une longue grève de la faim, explique à avoir décidé en accord avec Hector Llaitul de le soustraire aux contacts avec la presse, de peur de représailles judiciaires.

Ils s'expriment à sa place, dans une aile de la prison où l'accès ne s'effectue qu'après strict contrôle, passage aux rayons X, fouille corporelle.

Soupçons d'incendies criminels

Caméra, appareil photo ou enregistreur interdits. La région d'Araucanie (sud), un fief de la minorité Mapuche (700'000 personnes, 6% des Chiliens) traverse des phases de tensions récurrentes depuis la radicalisation du mouvement Mapuche, il y une dizaine d'années, peu après la fin de la dictature (1990).

La Coordination Arauco Malleco (CAM), créée en 1998, a récemment été soupçonnée par le ministre de l'Intérieur d'être à l'origine d'incendies de forêts, pour certains criminels, qui ont fait neuf morts et détruit 51'000 hectares de végétation.

«Ce n'est pas nous qui avons provoqué les incendies de Carahue (sept pompiers morts) et de Quillon (deux civils tués)», a affirmé Ramon Llanquileo, interrogé aux côtés de Huenuche et Huillical.

Le ministre, Rodrigo Hinzpeter, s'était appuyé sur un communiqué fin décembre revendiquant au nom de la CAM la destruction d'engins d'une grande entreprise forestière, et notamment d'un hélicoptère anti-incendie.

Quelques jours plus tard, des feux démarraient...«Ce n'est pas la CAM qui a rédigé ce communiqué de revendication sur l'hélicoptère», assure Ramon Llanquileo.

«Des armes récupérées»

«Nos gens à l'extérieur nous l'ont confirmé. La formulation n'est pas celle de la CAM», poursuit-il. Que peut, que fait la CAM exactement ? Ses «organismes de résistance», expliquent les détenus, ont réalisé ces dernières années avec «des armes récupérées» maintes occupations de terres, sabotages de firmes forestières, sur des terres annexées à la fin du 19e siècle par l'Etat.

«La CAM récupère des terres qui sont Mapuche, mais nous ne nous attaquons pas aux personnes, ni ne provoquons des incendies», a encore assuré Ramon Llanquileo.

Pour lui, il s'agit simplement de «la défense d'un peuple qui fut attaqué puis objet de discrimination par les (colonisateurs) espagnols, puis par l'Etat chilien», qui annexa les grandes terres du sud à la fin du 19e siècle.

M. Llaitul, par le passé, a évoqué une «nation mapuche à reconstruire», une forme d'«autonomie».Les dirigeants-détenus d'Angol dessinent une vision un peu floue, teintée de quasi-autarcie, pour les communautés Mapuches disséminées dans le sud chili, affichant un taux de pauvreté double de la moyenne chilienne (15%).

«La CAM est une idée, une philosophie», déclare Ramon Llanquileo. «Nous rejetons l'éducation occidentale, qui colonise nos enfants. Nous ne voulons pas l'interculturalité, nous n'avons pas de courant politique, pas plus que nous ne sympathisons avec la gauche, des mouvements ou gouvernements socialistes de la région. Nous nous débrouillons seuls».

(afp/Newsnet)

Información confirmada por autoridades locales, desde el lugar

Desde las 6 am un efectivo cercano a los 200 miembros de fuerzas especiales de Carabineros están asaltando con armas cortas y largas, bombas lacrimógenas, enrano en las casas y aterrando a la población de Chequenko. sa zona ha sido asaltaya varias veces en los últimos dos meses, en ataques drgidos personalmente por el General Ivan Bezmalinovic, quien golpea personalmente a los detenidos. Estuve en esa comunidad hace dos días y entrevistamos a la gente que ha sufrido esta violencia. Durante la visita, helicópteros de Carabineros sobrevolaban la zona, en lo que ha sido típico de la preparación de futuros ataques.

Esto es parte de la política de re-criminalización y uso de la Ley Anti-Terrorista que intenta el gobierno, con mentiras y montajes, acusarlos de los incendios que han sido hecho por las mismas forestales para cobrar seguros no cobrabables por los árboles con pestes y no vendibles. La mentira y la violencia son las únicas herramientas que pone el gobierno a los derechos de los comuneros mapuche.

Denuncie, indígnese.

José Venturelli, Vocero de la CECT (Secretariado Europeo)